El Tribunal Supremo por Sentencia de 28 de septiembre de 2012, resuelve la controversia surgida entre una comunidad de propietarios y los propietarios de un inmueble por impago de cuotas de comunidad, instando la reclamación judicial de todas las cuotas impagadas más una penalización por morosidad más los intereses. Frente a dicha demanda una de las parte reconvino por entender que no le había sido notificada el acta con los acuerdos de la junta
El juzgado que conoció en primera instancia estimo parcialmente la pretensión de la comunidad, y desestimó la reconvención interpuesta de contrario. De igual forma, el recurso planteado ante la Audiencia Provincial no prosperó condenando en costas a los recurrentes. Asimismo, señalaba que no cambia la no condena en costas a los deudores en primera instancia dado que había una estimación parcial de la pretensión ejercitada y aunque en virtud de la autonomía de la voluntad consagrada en el código civil en el artículo 1255, si así se hubiere pactado, en todo caso debía prevalecer la norma contenida en el artículo 394 de la Lec dada la naturaleza imperativa de esta norma.
La comunidad de propietarios interpuso recurso de casación al entender infringidos los preceptos 5.3.y.4 y 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, al entender plenamente valido y eficaz que el propietario moroso, con independencia del pronunciamiento judicial en materia de costas ha de abonar como gasto privativo todos los gastos y costas en que la comunidad haya incurrido por su situación de morosidad. Del mismo modo, se entendía vulnerada la doctrina jurisprudencial que señala que los acuerdos de la comunidad son ejecutivos cuando no son impugnados. Por último, se entiende vulnerado el art. 17 .1 de dicho cuerpo legal, en relación 1255 C.Civil y jurisprudencia sobre la validez y eficacia de los acuerdos de los propietarios adoptados en las juntas generales.
Sin embargo el Alto Tribunal entiende que no se ha vulnerado la doctrina de la sala sobre la ejecutividad de los acuerdos no impugnados, recordando la jurisprudencia existente al respecto que señala a que los acuerdos adoptados por la junta que no sean radicalmente nulos y no sean impugnados son válidos y ejecutables. Y en el presente caso, la jurisprudencia sobre la ejecutividad de los acuerdos no impugnados no se ha vulnerado, ya que la sentencia de la Audiencia Provincial no ha defendido el carácter no vinculante o no ejecutivo de un acuerdo comunitario válidamente aprobado, sino que solo valora la cuestión de las costas procesales conforme al artículo 394 LEC. Por lo que no cabe pretender decir que existe una indebida declaración de nulidad de un acuerdo comunitario.
Por todo ello el recurso de casación es desestimado.
