El proyecto de ley se tramita con carácter de urgencia con la previsión de ser aprobado en noviembre

El Congreso de los Diputados ha fijado para este miércoles el debate en la Comisión de Justicia del proyecto de ley que contempla una subida de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros para que sea remitido al Senado con la previsión de aprobarse definitivamente a principios de noviembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La Comisión de Justicia tiene competencia legislativa plena para dar luz verde a esta norma que ya superó su primer filtro parlamentario el pasado lunes cuando la mayoría absoluta del PP permitió rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición.

Los grupos debatirán en la sesión de este miércoles las enmiendas al proyecto impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón. El PP quiere ampliar el número de supuestos en los que los ciudadanos están exentos del pago de las cuantías, como por ejemplo cuando recurran en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

A su juicio, no pueden sufrir «un menoscabo patrimonial» cuando la Administración no ha cumplido con su «elemental obligación de resolver y notificar en plazo o de actuar, cuando así lo prevé el ordenamiento jurídico».

En las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, los ‘populares’ solicitan que los funcionarios públicos se libren del pago en el momento en el que interpongan recursos contencioso-administrativos en defensa de sus derechos estatutarios. «Se evita discriminar a los funcionarios públicos respecto a los trabajadores en el orden social que, en ningún caso, pagan la tasa», argumentan.

La iniciativa del PP que propone excluir del abono de la tasa a quienes impulsen un procedimiento monitorio cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros ya fue asumida por el ministro Ruiz-Gallardón durante el debate de totalidad.

TASAS EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Los grupos están debatiendo la posibilidad de incluir una reducción de las tasas que introduce por primera vez en el orden Social este proyecto de ley, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La exclusión de la Jurisdicción Social ha sido una reivindicación reclamada por unanimidad por los grupos de la oposición que tienen en cuenta el previsible aumento de la litigiosidad que pueden registrar los juzgados en materia laboral.

Este orden ha estado hasta ahora excluido del pago de las tasas judiciales, pero el proyecto de ley impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón las introduce por primera vez en vía de suplicación y casación, que pasarían de ser gratuitas a tener unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente.

Cuando el texto, que se tramita por el procedimiento de urgencia, supere el filtro del Congreso de los Diputados será remitido al Pleno del Senado donde podría aprobarse en el plazo de tres semanas, según fuentes de la Cámara.

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se cumplirían las previsiones del Ministerio de Justicia de que las tasas estén plenamente vigentes el próximo año.

Este proyecto de ley ha recibido la crítica de la oposición, las asociaciones judiciales, fiscales y de secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por entender que la elevada cuantía de las tasas «cercena» el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos amparándose en un afán «recaudatorio» y «disuasorio».

Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.

El ministro ha defendido la constitucionalidad de la ley que regula una subida de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con la que calcula recaudar unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164 millones obtenidos en 2011.