La sentencia de 23 de julio de 2012, resuelve el recurso planteado por la condena recaída en la instancia al acusado por un delito de lesiones y amenazas a cuatro años de prisión, entre otras penas, interponiendo el procesado recurso de casación por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba, quebrantamiento de forma de la sentencia por no determinar de forma clara los hechos probados, e indebida aplicación del 169.2, y del art. 74 en relación con el 21.6 todo ellos del Código Penal.
En relación a la vulneración de la presunción de inocencia y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, señala el Alto Tribunal que bastaría, ante la escasa argumentación del recurrente, con la desestimación del motivo hasta el punto que entiende que podría ser causa de inadmisión. No obstante, señala que la garantía constitucional se satisface por la efectiva disposición de medios de prueba válidos de contenido incriminador y cuya aceptación se pueda tener por correcta sin la presencia de objeciones que susciten una duda razonable. Recuerda la sentencia, que el testimonio de a víctima prestado bajo juramento y sometido a contradicción contó con corroboraciones, tanto por los efectos lesivos analizados pericialmente, como por lo manifestado por los agentes, lo que otorga un fuerte valor indiciario que conduce a la veracidad de lo dicho por la víctima máxime si se colige con el inverosímil relato del acusado. Por todo ello, el motivo se rechaza.
Por lo que se refiere a los hechos recuerda el tribunal que el cauce procesal usado por el recurrente no permite cuestionar la declaración de hechos probados si no tan solo la calificación jurídica realizada, por lo que la cuestión analizar se constriñe a la corrección de la atribución del resultado lesivo de la víctima a la acción que los hechos probados describen como realizada por el acusado, así , existe un criterio generalizado por el cual en los delitos de resultado el mismo es imputable al comportamiento del autor si ha creado un riesgo desaprobado y de cuyo riesgo el resultado es su realización correcta, así cuando la víctima no es ajena a la producción del resultado surge la necesidad de determinar si entonces aquella pierde la protección penal o debe mantenerse la responsabilidad del autor por crear un riesgo
En el caso enjuiciado el Alto Tribunal entiende que el consentimiento de la víctima en afrontar la acción arriesgada que desembocó en el resultado lesivo no puede estimarse válido ya que el hecho probado declaró que la víctima había actuado forzada, que la víctima no fue libre de elegir la forma de eludir el peligro, por todo ello no se excluye la tipicidad penal. Y recuerda, como ya se había pronunciado anteriormente en otras sentencias, que el resultado es imputable al autor del riesgo desencadenante de la maniobra defensiva, dado que la maniobra de huida de la víctima se produce tras acudir el acusado por enésima vez al domicilio y al ver la víctima que sale corriendo hacia ella tras los malos tratos y amenazas del acusado la victima presa del miedo y con el solo propósito de escapar salta hacia el patio ocasionándose las lesiones.
Por todo ello la sentencia de condena queda del todo confirmada al desestimarse todos los motivos del recurso.
