La sentencia de 24 de Julio de 2012 dictada por el Tribunal Supremo detalla las distintas teorías para la determinación de la consumación ó tentativa del delito de asesinato cuando el fallecimiento de la víctima se produce tras un largo periodo de tiempo desde la agresión y lesiones iniciales.
Los hechos origen de la sentencia son los siguientes:
D. Germán tras obtener una escopeta de cartuchos de su amigo Carlos Alberto se dirigió en busca de su expareja, menor de edad, y al encontrarla le disparó 3 veces causándole lesiones de gravedad que le provocaron paraplejia, perforación de vísceras, insuficiencia renal, trombosis, etc. Dichas lesiones fueron estabilizadas produciéndose un parte de sanidad. Posteriormente sufrió una infección y una anemia y tras estar varios días ingresada tuvo una parada cardiorrespiratoria que le provocó la muerte, tres años después de la agresión inicial.
El Tribunal del Jurado condenó a Germán como autor de un delito consumado de asesinato a la pena de 18 años de prisión. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia al resolver el recurso de apelación interpuesto por el imputado D. Germán modifica la calificación y la pena ya que considera a D. Germán autor de un delito de asesinato en grado de tentativa y lo condena a la pena de 12 años de prisión.
La acusación particular, la madre de la víctma, interpone recurso de casación por infracción de Ley, en concreto los preceptos 16 y 62 del Código Penal referidos a la consideración de la tentativa.
El Tribunal Supremo repasa la clásica teoría de la imputación objetiva según la cual el fallecimiento es un resultado imputable al acusado, en la medida en que la acción del autor creó un peligro jurídicamente desaprobado para la producción del resultado, al disparar a la víctima con el propósito de acabar con su vida.
Según esta teoría el resultado producido, aunque se diese tres años después por una complicación en el tratamiento de sus secuelas, puede considerarse como la realización efectiva del peligro generado por la acción, y evitar dicho resultado se encuentra dentro del ámbito de protección de la norma.
No obstante el Tribunal Supremo no aplica ya esta teoría y considera acertado el razonamiento de la sentencia recurrida que valora que cuando el fallecimiento se produce muy distanciado en el tiempo y concurriendo a la vez complicaciones derivadas de las lesiones iniciales con otras concausas, debe darse un tratamiento jurídico específico pues la calificación no puede depender o variar según tarde en producirse el fallecimiento.
En este caso, la víctima salvó su vida inicialmente de las lesiones producidas en la agresión, llegando a estabilizarse de las mismas e iniciando una nueva etapa como enferma. En cualquier caso parece claro que la incertidumbre sobre la futura evolución de las lesiones y sus secuelas, una vez obtenido el parte de sanidad, no puede autorizar a dilatar indefinidamente la persecución penal, la calificación del hecho y la celebración del juicio, por lo que la responsabilidad del agresor debe dilucidarse en función del resultado del hecho tal y como es conocido en el momento en que se obtiene la sanidad y se estabiliza la situación del lesionado, que ya únicamente requiere cuidados asistenciales derivados de las secuelas, momento en el que la muerte no se había producido y la calificación del hecho era la de homicidio intentado
En este sentido a lo largo de tan dilatado lapso temporal, tres años, se multiplican sin duda los factores que pueden influir en la evolución de un enfermo. No es arriesgado por lo tanto suponer que en un alto porcentaje de los casos en los que se dicta una condena por un resultado de lesiones graves, derivadas o no de una tentativa de homicidio, tales lesiones pueden contribuir de modo relevante al fallecimiento posterior del lesionado, aunque solo sea porque las lesiones graves, por si mismas, comportan una limitación de funciones vitales de la víctima y una mayor exposición a riesgos para su vida.
Señala el Tribunal de apelación como ejemplo que una persona con pérdida de un riñón como consecuencia de una agresión delictiva, o con paraplejia, es posible que acabe falleciendo años más tarde por un proceso patológico en el que intervenga de modo decisivo la disfuncionalidad renal o la falta de movilidad, por lo que es necesario determinar si el transcurso de un largo tiempo con las lesiones estabilizadas tras la sanidad debe ser un factor a tener en cuenta en la imputación objetiva del resultado.
En el asunto objeto del recurso existe un parte de sanidad que establece la estabilización de la lesiones, y que no prevé o considera que vaya a producirse el fallecimiento como consecuencia de las mismas. Además de ello han transcurrido tres años desde la agresión.
Por lo tanto entiende el Alto Tribunal que no puede imputarse la muerte de la víctima a la agresión inicial, desestimando el recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida.
