La cuestión principal sobre la que tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo en la sentencia de 25 de Julio de 2012 es sobre la capacidad de una sociedad anónima para ser demandada en un procedimiento judicial cuando se ha liquidado y cancelado los asientos registrales.
La controversia jurídica comienza con la demanda que interpone la entidad Vallehermoso División y Promoción S.A. frente a la mercantil VCC S.A. en reclamación de 601.217 Euros por haber ejecutado un aval de forma incorrecta para cobrarse de parte del precio que le restaba por percibir en un contrato de obra.
La entidad demandada no contestó ni se personó, declarándose en situación procesal de rebeldía pero personándose como interviniente la que fue su administradora Dª. Pilar que también fue liquidadora de la misma.
El Juzgado de primera instancia condena a la entidad demandada a abonar a la actora la cantidad reclamada con los intereses y costas correspondientes.
Dª. Pilar interpone recurso de apelación frente a la referida sentencia, no obstante es ratificada por la Audiencia Provincial.
Ante esta sentencia de la Audiencia, Dª. Pilar interpone recurso por infracción procesal al entender que no se ha respetado lo establecido en los artículos 6.1 3ª, 9 y 418 de la LEC en relación a la falta de capacidad de la entidad demandada por estar liquidada y cancelados sus asientos registrales. También se interpone recurso de casación por infracción de varios preceptos sustantivos del código civil.
El Tribunal Supremo analiza en primer lugar los motivos aducidos en el recurso por infracción procesal relacionados con la capacidad para ser parte de una entidad disuelta y liquidada y cuya inscripción en el registro mercantil ha sido cancelada, extinguiéndose por tanto su personalidad jurídica.
Lo realmente rebatido en el recurso no es la capacidad de la empresa que ya se reconoce que no la tiene, sino si se puede accionar contra una empresa cuya inscripción está cancelada sin solicitar que se deje sin efecto dicha cancelación por haber sido realizada sin cumplir los requisitos exigidos para ello.
El Alto Tribunal estima que no puede accionarse contra la sociedad extinguida sin solicitar que se deje sin efecto la cancelación pues de lo contrario se entiende que ya no existe y que por lo tanto no tiene capacidad.
Para ello el Tribunal establece que la disolución y liquidación de las sociedades mercantiles van encaminadas a la extinción de la sociedad y cuando la liquidación ha concluido deben haber sido satisfechos los acreedores, determinada la cuota correspondiente a cada acción y realizado el reparto a los accionistas y a partir de ese momento es cuando la sociedad carece tanto de representantes como de patrimonio procediéndose a la cancelación de los asientos registrales de la sociedad que determina formalmente la extinción de la sociedad.
Pero la cancelación no tiene efectos sanatorios sobre una liquidación irregular que no haya dejado satisfechos a los acreedores por lo que cualquier acreedor que pretenda cobrar su crédito podrá o deberá pedir la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación. Es decir no puede pretenderse demandar a una sociedad que ha perdido su personalidad sin solicitar que previamente la recobre.
Por ello debe estimarte el recurro por infracción procesal interpuesto por Dª. Pilar sin que quepa por ello pronunciarse sobre el recurso de casación.
