En España, la conducción sin carnet es considerada un delito penal. Es ilegal para cualquier persona conducir un vehículo sin haber obtenido previamente el correspondiente permiso de conducir.
El Código Penal español establece que conducir sin carnet es un delito castigado con pena de prisión de 3 a 6 meses o con multa de 12 a 24 meses. Además, se contempla la posibilidad de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de tiempo determinado. Así lo establece el art. 384:
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
La misma pena se impondrá al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción.
No obstante, no hay que confundir no haber obtenido la licencia de conducción, lo que comúnmente se conoce como conducir sin carnet, al hecho de conducir sin llevar físicamente el carnet obtenido, lo cual sería una posible infracción administrativa.
A la hora de enfrentarse a un procedimiento penal relacionado con los delitos relativos al tráfico y a la conducción es importante estar bien asesorado y combatir los errores que puedan darse en la condena por parte de los Tribunales.
Así, en la reciente sentencia STS 473/2024 – ECLI:ES:TS:2024:473, el Tribunal Supremo ha estimado un recurso de revisión contra una sentencia penal que condenaba a una persona por un delito contra la seguridad del tráfico de conducir sin permiso, del art. 384, párrafo segundo del Código Penal.
En el recurso, por la parte recurrente se alegaba: «La cuestión que ahora se expone como motivo principal del recurso es que la citada sentencia infringe el consagrado principio de legalidad imperante en nuestro ordenamiento jurídico. Esta parte considera que el tribunal ad quem yerra a la hora de realizar la calificación jurídica de la conducta de mi representado en la sentencia que ahora se recurre, dado que, dicha conducta no era típica penalmente, sino que suponía una infracción administrativa, sancionable conforme al procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas».
El alto tribunal, al haberse aportado el permiso de conducción, aunque con posterioridad a la tramitación del procedimiento penal, estima el recurso de revisión, absolviendo al condenado, pues de haberse aportado en el procedimiento penal habría sido absuelto. Por ello se anula la sentencia condenatoria.
Nótese que es difícil que este tipos de recursos prosperen pues suponen una contraposición del principio de legalidad y del de seguridad jurídica, por el paso del tiempo, además de que suelen ser bastante técnicos a nivel jurídico.
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