Recientemente, el Tribunal Supremo ha resuelto, mediante la Sentencia de fecha 15 de Junio de 2016, la controversia suscitada sobre si las entidades públicas, en este caso un ayuntamiento, son titulares del derecho al honor y por tanto tienen legitimación para iniciar una acción basada en el artículo 18.1 de la Constitución, que se refiere al derecho al honor.
La demanda que presenta el Ayuntamiento de Sobrescobio tiene como origen un escrito realizado por el demandado, José Daniel, en el seno de un expediente administrativo de aprovechamiento de aguas manantiales, en el cual exponía que “la tramitación del expediente es una auténtica chapuza, sin estudio de impacto ambiental, ni informe de sanidad y se falsificó la autorización de carreteras.”
Tanto en primera instancia como en la fase de apelación, la pretensión del ayuntamiento fue desestimada, interponiendo dicha administración recurso de casación, que el Tribunal Supremo resolvió fijando como doctrina que las personas jurídicas de derecho público no son titulares del derecho fundamental al honor, basándose básicamente en que el honor tiene un significado personalista, ya que es una valor referible a personas individualmente consideradas, lo cual hade inadecuado hablar del honor de las instituciones públicas. Estas instituciones pueden estar dotadas de dignidad, prestigio o autoridad moral, pero ello no es identificable con el honor.
Alguna Sentencia del Tribunal Constitucional ha considerado afectado el honor de determinadas personas jurídicas de derecho privado, a través de divulgaciones de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o haga desmerecer en la consideración ajena, Sin embargo, habría grandes dificultades para reconocer la titularidad de derechos fundamentales a las entidades de derecho público, pues la noción misma de derecho fundamental que está en la base del art. 10 CE resulta poco compatible con entes de naturaleza pública. Todo ello teniendo en cuenta la evidente situación de desequilibrio entre los particulares y los poderes públicos, con una patente supremacía de estos sobre aquéllos, y no pudiendo equiparar este tipo de protección basada en los derechos fundamentales de carácter personal e individual.
Es por todo ello, que el Tribunal Supremo considera que el Ayuntamiento no tiene legitimación ad causam para ejercitar la defensa del derecho al honor, pues no es titular del tal derecho, y que, por lo tanto, podría haber elegido la vía del artículo 1902 del Código Civil para resarcirse del daño que pudiera haber sufrido.
En el ámbito concreto del asunto, también considera el Alto Tribunal, que las manifestaciones vertidas por el demandado, se hicieron en el seno concreto de un procedimiento administrativo sin ningún tipo de alcance por terceras personas ni difusión en otros foros. Por lo tanto, es un argumento más para desestimar el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento.
