La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos menores de edad o no emancipados, con el fin de proteger su bienestar y desarrollo integral. Entre las responsabilidades que engloba la patria potestad se encuentran la guarda, la educación, la administración de los bienes del menor, representación legal, entre otros.
En España, la privación de la patria potestad a un progenitor es una medida que se puede adoptar en casos excepcionales y graves, cuando se considera que la persona no está ejerciendo adecuadamente sus obligaciones como padre o madre. Esta medida puede ser solicitada por el otro progenitor, el Ministerio Fiscal o de oficio por un juez, y se debe fundamentar en situaciones como maltrato, abandono, incumplimiento de los deberes parentales, entre otros motivos que pongan en riesgo el bienestar del menor.
La privación de la patria potestad implica la pérdida de los derechos y responsabilidades que tienen los padres sobre sus hijos, y puede ser total o parcial, dependiendo de la gravedad de la situación. Esta medida se adopta con el objetivo de proteger al menor y garantizar su bienestar, por lo que se debe valorar cuidadosamente cada caso antes de tomar una decisión definitiva.
Por ejemplo, en una caso reciente el Tribunal Supremo en la STS 433/2024 – ECLI:ES:TS:2024:433, ha valorado privarle a un progenitor de la patria potestad de su descendiente.
El procedimiento comenzó con la demanda interpuesta por la progenitora donde interesaba se acordase «la privación total de la patria potestad a Abel , respecto del menor, Agustín , y el otorgamiento exclusivo del derecho al ejercicio de la patria potestad a la madre del menor, todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada».
En dicho procedimiento, el Ministerio Fiscal contestó a la demanda, sin embargo el progenitor demandado ni siquiera compareció por lo que se le tuvo por rebelde procesalmente, y el procedimiento continuó.
En Primera Instancia se estimó parcialmente la demanda, atribuyéndose la guardia y custodia de forma exclusiva a la progenitora demandante. Del mismo modo, se estableció el ejercicio de la patria potestad de forma exclusiva a la demandante. Aunque su titularidad se mantuvo como compartida.
En Segunda Instancia se confirmó la sentencia recurrida, recurrida. Ante esta circunstancia, la madre demandante procedió a recurrir la sentencia de apelación ante el Tribunal Supremo mediante el correspondiente recurso de casación.
El recurso de basó eminantemente en la infracción de los arts. 154 y 170 del Código Civil.
El art. 154 establece que: «Los hijos e hijas no emancipados están bajo la patria potestad de los progenitores.
La patria potestad, como responsabilidad parental, se ejercerá siempre en interés de los hijos e hijas, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental.
Esta función comprende los siguientes deberes y facultades:
1.º Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.
2.º Representarlos y administrar sus bienes.
3.º Decidir el lugar de residencia habitual de la persona menor de edad, que solo podrá ser modificado con el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, por autorización judicial.
Si los hijos o hijas tuvieren suficiente madurez deberán ser oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten sea en procedimiento contencioso o de mutuo acuerdo. En todo caso, se garantizará que puedan ser oídas en condiciones idóneas, en términos que les sean accesibles, comprensibles y adaptados a su edad, madurez y circunstancias, recabando el auxilio de especialistas cuando ello fuera necesario.
Los progenitores podrán, en el ejercicio de su función, recabar el auxilio de la autoridad«.
Por su parte, el art. 170: «Cualquiera de los progenitores podrá ser privado total o parcialmente de su potestad por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial.
Los Tribunales podrán, en beneficio e interés del hijo, acordar la recuperación de la patria potestad cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación«.
Pues bien, el alto Tribunal, en sus fundamentos jurídicos procede a revocar la resolución recurrida, razonando que: » La sala no comparte el criterio mantenido por las sentencias de instancia, que crean una situación de incertidumbre e inseguridad sobre los supuestos en los que la madre (o los terceros que se relacionaran con ella) deberían oír al padre para conocer su opinión, en decisiones que afectan al menor, lo que en nada redundaría en su beneficio. Permitir de esta manera abierta y difusa que interfiera en el ejercicio de la patria potestad a quien se ha desentendido de todo lo que afecta al niño desde su nacimiento (lo que tuvo lugar el NUM000 de 2013 hasta la actualidad, cuando el niño tiene ya diez años) no responde al beneficio del menor, pues ni el padre lo conoce, ni está al tanto de sus necesidades personales, materiales y afectivas, de su personalidad, ni de ninguna de sus circunstancias, ni tampoco este tribunal conoce cuáles serían las motivaciones y criterios del demandado a la hora de manifestar una opinión sobre una decisión referida al niño, respecto del que hasta el momento no ha manifestado en modo alguno preocupación o interés. La misma falta de personación del padre en este procedimiento, a pesar de los intentos de notificación personal, confirma no solo su falta de preocupación, su desinterés, sino también la complejidad a la que abocaría la solución adoptada por la sentencia recurrida, que redundaría en perjuicio del menor cuando fuera preciso adoptar una decisión en la que se considerara necesario oír al padre por no ser «de la vida ordinaria» sino «de extraordinaria o especial importancia» . La sala considera que, en el caso, el beneficio e interés del menor justifica la procedencia de la privación de la patria potestad solicitada. En efecto, no se ve en qué forma la protección del interés del menor puede aconsejar mantener una titularidad de la patria potestad a favor de quien, desde el nacimiento del menor, no ha tenido relación con él, no se ha hecho cargo de su cuidado y manutención, no se ha preocupado de su situación ni ha velado en ningún momento por su protección y tutela. Mantener la titularidad de la patria potestad a pesar del reconocimiento de una ausencia total del padre en la vida del menor desde su nacimiento y de la dejación abandono de sus funciones aunque sea con un contenido mínimo que permita una interferencia en el ejercicio exclusivo de la patria potestad por la madre no redunda en beneficio del menor. La privación no implica la extinción de la relación paterno filial y el demandado continúa ostentando el deber legal de velar por su hijo y prestarle alimentos, contenido de la filiación y no de la patria potestad ( arts. 39 CE y 110 CC). La privación tampoco impide, como hemos dicho, que a instancias del padre interesado pueda recuperarse la patria potestad si, por un cambio de actitud estuviera dispuesto al cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad y ello resultara beneficioso para el hijo en atención a las circunstancias. Como consecuencia de lo dicho, estimamos el recurso de casación, estimamos la demanda interpuesta por Benita y acordamos la privación total de la patria potestad de Abel respecto del menor Agustín«.
Por lo que se finalmente es estimada la acción de la progenitora. Lo anterior no obsta a que en el futuro si al interés de la menor fuera más beneficioso reconocer nuevamente la patria potestad del progenitor así mediante nuevo procedimiento judicial se acordara.
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