El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión a la miembro de los GRAPO María Victoria Gómez Méndez por su participación en el alquiler del lugar donde estuvo retenido el empresario zaragozano Publio Cordón. El magistrado asegura que también colaboró en su vigilancia durante el tiempo en que permaneció secuestrado y en su posterior enterramiento una vez falleció.
Al menos dos miembros de los GRAPO ya condenados por la acción (Concepción González Rodríguez y previsiblemente Fernando Silva Sande) la sitúan en el lugar donde se retuvo al empresario, así como en labores de vigilancia y posterior enterramiento tras su muerte, asegura el juez en un auto hecho público este lunes.
También la propietaria de la vivienda donde permaneció retenido el industrial –apodada por el comando ‘la cárcel del pueblo’– vincula a la acusada con el secuestro, aunque no pudo realizar una identificación «sin ningún género de dudas» por el tiempo transcurrido.
La integrante de la organización terrorista, que se ha negado a declarar, fue informada de su imputación en una cárcel extremeña, donde cumple condena por pertenencia y ataques a furgones blindados, es la segunda de los implicados en el secuestro del industrial que cumplirá prisión provisional por esta causa, después de que el magistrado enviara el pasado sábado a la cárcel a otro histórico, José Antonio Ramón Teijelo.
En su auto, el magistrado establece también la relación de Teijelo en el secuestro y menciona las declaraciones ante la policía de la citada González Rodríguez, que asegurí que «cuando llegaron a Francia con el secuestrado les estaban esperando dos compañeros, a los que se conoce con el nombre de Victoria y Teijelo».
Gómez Méndez y Teijelo colaboraron también en el alquiler de la casa haciéndose pasar por un matrimonio o pareja, desvela el magistrado que asegura que el miembro de los GRAPO ha reconocido que «usó un DNI falso» para alquilar pisos.
DOS QUEDARÁN LIBRES CON FIANZA
El juez decretó la puesta en libertad previo pago de una fianza de 10.000 para los otros dos acusados de participar en la acción terrorista que desembocó en la muerte del empresario hace 17 años, Manuela Ontanilla y Vicente Sarasa. El Ministerio Público ha confirmado este lunes su intención de recurrir esta decisión.
Sarasa ya ha hecho efectivo el pago de la cantidad establecida por Gómez Bermúdez aunque el Juzgado aún no ha registrado el ingreso. Ontanilla, por su parte, permanecerá encarcelada hasta que deposite el dinero. Gómez Bermúdez ha impuesto para ambos comparecencias diarias en los Juzgados más cercanos a su domicilio y la prohibición de abandonar el territorio español. (Europa Press)
