En el año 2017, el mercado de las criptomonedas se vio afectado por una creciente expansión, tanto en número de criptomonedas e inversores, como en el conocimiento de la sociedad en general sobre la existencia del mismo. A día de hoy, es difícil que una persona habituada al uso de las tecnologías, desconozca totalmente la existencia de las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin.
Por estos motivos, recientemente el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han emitido un comunicado conjunto sobre las “criptomonedas” y “ofertas iniciales de criptomonedas” (ICOs).
Como bien se dice en su comunicado, las criptomonedas no cuentan con el respaldo de un banco central o de otras autoridades públicas, con la seguridad que ello puede conllevar. Su uso en ocasiones se asemeja al dinero de curso legal aunque se aprecian diferencias evidentes. Por ejemplo, no existe la obligación de aceptarlas como medio de pago de deudas u otras obligaciones, cuentan con circulación limitada y su valor suele tener una oscilación elevada, condicionada en muchos casos por la especulación.
A modo de ejemplo, se recoge en el comunicado la oscilación que sufrió el valor del Bitcoin durante 2017, comenzando en aproximadamente 850 euros por unidad, a más de 16.000 euros en diciembre. En febrero de 2018 su valor se encontraba por debajo de los 5.500 euros, habiendo días en los que ha sufrido bajadas de un 20% de su valor.
De la misma forma, se vienen produciendo captaciones de fondos de inversores para financiar proyectos mediante las denominadas “ofertas iniciales de criptomonedas” o ICOs. Dicha expresión ICO puede aludir a la emisión de criptomonedas o a la emisión de derechos de diversa naturaleza que se pondrían a la venta a forma de “vales”, como manera de cambiarse por criptomonedas, usualmente se les conoce como “tokens”.
Dentro de los mencionados “tokens”, existen los “security tokens”, que otorgan una participación futura en ingresos, aumento del valor de la entidad emisora, o de un negocio; y los “utility tokens”, que dan derecho a acceder a un determinado servicio o obtener un producto.
Comenta el comunicado, que al no haber ninguna criptomoneta ni ICO que en España haya sido supervisada por un organismo supervisor, no puede beneficiarse de las garantías o protecciones que se han establecido para los productos bancarios o de inversión, con los riesgos que ello conlleva.
Por tanto, se puede decir que actualmente existe una falta de protección a los operadores de dicho mercado, siendo especialmente vulnerables al fraude o a determinados tipos delictivos, como el blanqueo de capitales.
Así, hay que tener en cuenta, que al tratarse de un mercado internacional, en el que se opera por la vía de medios telemáticos, en caso de sufrir un abuso, es difícil que pueda localizarse y/o obtener responsabilidad de la parte que ha actuado de forma fraudulenta, existiendo cierto riesgo de perdida del capital invertido.
Por último, hay que decir que en el caso de las criptomonedas e ICOs, como es lógico no cuentan con el respaldo de un fondo de garantía y que además, la información ofrecida a los inversores suele ser incompleta, incluso llegando a ser errónea. Aún así, es un mercado que puede reportar grandes beneficios, condicionado por sus grandes riesgos.
Fuente C.N.M.V.
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