El Tribunal Supremo en Sentencia núm. 130/2017 de 27 de febrero, ha dictado una interesante Sentencia respecto a cuando comienza a computar el plazo para la caducidad de la acción de anulación del contrato en el caso de adquisición de participaciones preferentes por concurrir vicio del consentimiento consistente en el error.
En este caso, la operación de compra de participaciones preferentes de un banco islandés y otro alemán, fue autorizada por la demandante por medio de una orden de compra a Bankinter en el año 2006, contratando asimismo con la entidad el depósito y administración de los valores relativos a la inversión. La compañía fue remitiendo mensualmente estadillos en los que iba informando sobre el valor de las inversiones hasta que en el año 2008, se produjo la pérdida del total de la inversión al quebrar el banco islandés y las preferentes del banco alemán perdieron la parte sustancial de su valor.
En el año 2010 la demandante presentó solicitud de diligencias preliminares al banco, para obtener la documentación pertinente para interponer la correspondiente demanda. El banco denegó la solicitud y la clienta a finales de ese año presentó demanda contra Bankinter solicitando la nulidad del contrato y subsidiariamente indemnización de los daños y perjuicios por la actuación de la entidad.
En Primera Instancia se desestimó la demanda por entenderse caducada la acción de anulación del contrato, de manera similar en Apelación, la Audiencia Provincial, entendió que la solicitud de diligencias era irrelevante pues al no tratarse de un plazo de prescripción, no podía interrumpirse. Por otra parte, consideró que Bankinter había incumplido sus obligaciones de informar adecuadamente a su cliente sobre los riesgos que conllevaba la operación, por lo que estima el recurso anulando los contratos y condenando a las partes a la restitución recíproca de las prestaciones.
En su recurso al Tribunal Supremo, la entidad alegaba la infracción del art. 1301 del Código Civil, en relación con los art. 244 del Código de Comercio y 63.1b) de la Ley del Mercado de Valores, y que los contratos celebrados respecto a las participaciones, eran contratos de tracto único que resultaron consumados al ejecutarse las órdenes de compra por la entidad.
La Sala entiende respecto a la “caducidad de los contratos relacionados con la adquisición de productos financieros complejos y de riesgo” que la consumación del contrato para determinar el cómputo de la caducidad de la acción no puede haber quedado fijada antes de que el cliente haya podido tener constancia de la existencia del error o dolo de la entidad. De manera general, el día de inicio del plazo tendrá lugar con la ocurrencia de un evento que permita comprender de manera real las características y riesgos del producto complejo que se ha adquirido por medio de un consentimiento viciado por error.
Asimismo entiende el Tribunal que la acción no estaría caducada pues el plazo finalizó cundo se presentó la solicitud de diligencias preliminares y no cuando se interpuso la demanda. Entiéndase que las órdenes de compra fueron emitidas en julio de 2006 y las diligencias preliminares previas fueron solicitadas en febrero de 2010. Termina como era de esperar desestimando el recurso e imponiendo costas a la entidad bancaria.
