Las diferentes asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este martes que convocarán una huelga en febrero si no obtienen una «respuesta satisfactoria» del Ministerio de Justicia a sus demandas en relación con el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según estas organizaciones, «afecta a las garantías de independencia del Poder Judicial».
Las organizaciones que conforman la comisión interasociativa han puesto de fecha límite el próximo 5 de febrero para que el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón atienda a sus demandas. De lo contrario, han asegurado que convocarán una huelga dentro de los diez días siguientes.
Las siete organizaciones que conforman la comisión interasociativa son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Entre sus reivindicaciones se halla la petición de un sistema de elección de vocales judiciales que garantice la independencia del Poder Judicial y evite intromisiones políticas. También reclaman garantizar las competencias del CGPJ y que este órgano pueda velar por la independencia de jueces y magistrados, «asegurando las salvaguarda de frente al poder político».
Otra de las peticiones es una reforma «urgente» del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que refuerce la autonomía e imparcialidad de los fiscales frente al poder político y potencie al Consejo Fiscal. Asimismo, solicitan que el Poder Judicial esté «apartado del control y las injerencias políticas».
RECHAZO A LAS TASAS JUDICIALES
Las organizaciones de jueces y fiscales piden una reglamentación sobre el sistema de sustituciones y bajas por enfermedad que no produzca las «disfunciones y dilaciones» que ha generado la nueva modificación de la ley orgánica.
El documento reclama que «no se legisle sin contar con la opinión de los colectivos jurídicos que tienen un mayor conocimiento de la realidad de la Justicia», así como una modificación del sistema actual de tasas que, según estas organizaciones, «impide el ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva».
La comisión interasociativa redactará un documento donde se recojan los límites de la reforma del CGPJ que entienden que «no pueden ser traspasados». Dicho documento lo enviarán tanto al Ministerio de Justicia como al PSOE ya que, argumentan, «han pactado el contenido del anteproyecto de dicha reforma» que tiene que ser retirada porque «acaba con la independencia del Poder Judicial». (Europa Press)
