Los sindicatos de Justicia comienzan este martes una campaña de recogida de firmas en las puertas de los juzgados y centros de trabajo de todas las provincias contra la ley de tasas judiciales impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Galllardón.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de Justicia, junto con CC.OO., UGT y STAJ han impulsado esta campaña de carácter estatal que tiene por objeto denunciar el «sutil desmantelamiento» del sector público de la Justicia que está llevando a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
En el caso de Madrid, el acto se celebrará a las 12.00 frente a la sede de los juzgados de Instrucción ubicada en Plaza de Castilla bajo el lema ‘Por una Justicia para todos’, según han informado en un comunicado conjunto.
Las plataformas sindicales recogerán durante los meses de diciembre y enero las firmas de los trabajadores de la Administración de Justicia y de los ciudadanos contrarios a los proyectos de Gallardón con la vista puesta en presentar las rúbricas ante el Ministerio de Justicia en una manifestación que se celebrará el 19 de enero en las calles de Madrid.
«TROPELÍAS» DEL GOBIERNO
Los empleados públicos al servicio de la Administración de Justicia afirman que no pueden permanecer «impasibles» ante las «tropelías» que el Gobierno está realizando y que tendrán «devastadoras» consecuencias en sus condiciones laborales y en el servicio que se presta al ciudadano.
Por ello, se concentrarán, de 12 a 13 horas, el próximo 12 de diciembre y llevarán a cabo un apagón informático de 11 a 11.30 horas el 20 de diciembre, coincidiendo con la fecha en la que tendrían que haber cobrado la paga extraordinaria de Navidad.
La secretaria General del Sector de Administración de Justicia de CC.OO., Flora Martínez, ha explicado a Europa Press que es un «acto simbólico» en el que la red informática de los juzgados de toda España se apagará.
Entre las razones que han soliviantado al sector, se encuentra la naturaleza «abusiva y claramente perturbadora» del derecho a la tutela judicial efectiva que suponen las tasas judiciales; las «pésimas» condiciones laborales y salariales que propone la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial; o la «mercantilización» del Registro Civil al ponerlo en manos de «profesionales del cobro».
«Dará lugar a un encarecimiento de la Justicia y un alejamiento de la misma a los ciudadanos porque los registradores cobran por arancel y al final el ciudadano tendrá que pagar por sacar una partida de nacimiento», advierte la representante de CC.OO.
Los trabajadores protestan también por la falta de financiación, de medios personales, materiales y organizativos en la Administración de Justicia, la falta de oferta de empleo pública, la «resistencia» de los Gobiernos a abordar el proceso de modernización de la Justicia o el «despilfarro» en proyectos «erróneos» como el conocido ‘papel cero’ en la Audiencia Nacional. (Europa Press)
