La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería, encargada de enjuiciar al exalcalde de la localidad de Zurgena y actual concejal de Obras Públicas, Cándido Trabalón, entre otros, en uno de los procesos en marcha contra él, ha resuelto señalar para julio de 2013 la vista oral a la espera de que se resuelva si procede o no la nulidad de las actuaciones incoadas por la construcción de 41 viviendas sobre suelo presuntamente no urbanizable.
La resolución llega después de que la empresa promotora de la obra, ‘Promociones Las Cañaicas’, cuyos responsables también están acusados en la causa, aportase sentencias de la vía contencioso-administrativa que apuntarían que, de acuerdo a las Normas Subsidiarias Provinciales, de aplicación en este supuesto, se podían dar licencias municipales de obra para viviendas.
La jueza, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, acuerda dar traslado de la petición al Ministerio Fiscal para que informe y decide que, a la vista de la complejidad y del volumen de los autos y considerando la posible nulidad de actuaciones que, en caso de resultar estimada, puede implicar, emplazar la vista oral, que debía haber empezado el martes, a los días 29, 30 y 31 de julio de 2013.
Trabalón, que fue juzgado el pasado día 15 en otro procedimiento por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, enfrenta en esta causa una petición del fiscal de siete años de inhabilitación para empleo y cargo público. El concejal forma parte del equipo de gobierno zurgenero tras suscribir un pacto que dio la Alcaldía al PP.
En el acto de juicio por supuestos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental está previsto que se sienten en el banquillo el exedil de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA); los ex concejales también andalucistas Emilia Jiménez, Aniceto López y Miguel Marín Ramos –quien en 2007 concurrió a los comicios municipales bajo las siglas del PP–; y los exediles de PSOE Juan Morales y José Antonio Ramos, así como del PP, José Juan Sánchez.
El fiscal solicita en su escrito de calificación provisional la misma pena para todos ellos, así como para el técnico municipal y arquitecto Francisco S.G. como presuntos autores de un delito de prevaricación. Interesa, asimismo, el pago de multa de 24 meses a razón de 12 euros al día.
Para la pareja que figura como responsable de la empresa que promovió las viviendas, Isidoro G. y Francisca M., el representante del Ministerio Público pide dos años de prisión e inhabilitación por el mismo periodo de tiempo para ejercer profesión y oficio relacionado con la construcción, además de pago de sendas multas de 24 euros a razón de 30 euros al día.
Según consta en el escrito de acusación, los administradores de la mercantil Promociones ‘Las Canaícas SL’, con sede en Albox, promovieron y construyeron en 2006 un total de 53 viviendas unifamiliares en los parajes zurgeneros conocidos como ‘Barranco de Los Pinos’ y ‘Cortijo Zurano’ sobre «suelo no urbanizable». Doce de esas edificaciones, que no llegaron a terminarse, «no contaban con licencia municipal y no eran autorizables».
Los 41 inmuebles restantes, continúa el fiscal, se construyeron «con conocimiento de que el suelo era no urbanizable» y con una licencia municipal concedida por los acusados que formaban parte entonces de la corporación local bajo informe favorable «emitido a sabiendas de su injusticia» por el técnico municipal Francisco Salvador Granados.
El regidor y los ediles tanto en el gobierno como en la oposición se constituyeron en pleno «y votaron favorablemente a la concesión de las citadas licencias» también «a sabiendas de su injusticia» pues «todos ellos –sostiene el Ministerio Público– tenían conocimiento de que, conforme a la legislación vigente, las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable».
UNA TREINTENA DE BRITÁNICOS AFECTADOS
En febrero de 2011, la jueza ordenó que se diese traslado de las actuaciones por presunto delito de prevaricación tanto al Ayuntamiento de Zurgena, como a la entidad aseguradora del arquitecto procesado, en calidad de responsables civil subsidiarios y civil directo, para que formulase el correspondiente escrito de defensa.
Daba, así, respuesta, a la solicitud expresada por las acusaciones particulares personadas en las que están representados una treintena de ciudadanos, en su mayoría residentes de nacionalidad británica, que adquirieron las casas supuestamente fuera de ordenación y con una licencia ilegal. Todos pidieron que se cursará ese trámite al incoarse procedimiento abreviado aunque el juzgado instructor no lo hizo.
Los dueños de los inmuebles, por los que pagaron alrededor de 200.000 euros, ejercen la acusación particular ya que el Ministerio Público, al amparo del artículo 319,3 del Código Penal, solicita la demolición de los construido y que la indemnización, por la cuantía de la cantidad abonada en el contrato de compraventa, corra a cargo de la pareja que promovió la construcción de los inmuebles. Los perjudicados quieren que también sean responsables civiles subsidiarios el Consistorio y el técnico municipal a través de su entidad aseguradora.
En la causa que ya ha quedado vista para sentencia la fiscal elevó a definitivo el escrito de acusación por el que solicita penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación al considerar que Trabalón incurrió en prevaricación al autorizar cinco viviendas unifamiliares en el paraje ‘El Cucador’ a sabiendas de que era sobre suelo no urbanizable y, por lo tanto, no eran autorizables. (Europa Press)
