La juez Mercedes Alaya, encargada de la investigación del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, considera que la consultora Vitalia «obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica».
Así lo asegura la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el auto por el que ordenó este sábado el ingreso en prisión de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, encarcelados el pasado sábado por presuntos delitos continuados de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y contra la Hacienda Pública, según adelantan este martes los diarios ‘El País’ y ‘El Mundo’.
Alaya no detalla los altos cargos de la Junta que habrían sido sobornados por Vitalia y sólo cita el nombre del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, actualmente en prisión como principal imputado en el caso, como el único que ha sido «acreditado indiciariamente hasta el momento».
«La empresa Vitalia obtuvo los medios suficientes para presuntamente corromper de manera continuada a cargos de la Administración autonómica, habiéndose acreditado indiciariamente hasta el momento, el caso del señor Guerrero», apunta la magistrada en un momento del auto.
LA JUEZ CITA AL «CONSEJERO DE EMPLEO»
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla comienza el auto señalando que tanto Vaqué como Pascual «llevarían el control personal de lo que acontecía» en Vitalia, señalando que las «sobrecomisiones» cobradas por la consultora en relación a las pólizas de los ERE habrían causado «un enorme perjuicio a la Hacienda Pública andaluza».
Según la juez, estas «sobrecomisiones» eran acordadas por el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, «con la Administración andaluza, representada entre otros» por el director general de Trabajo, pero «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos; Eduardo Pascual y María Vaqué por un lado y el consejero de Empleo por otro», así como con «la colaboración de las aseguradoras, que eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado».
La magistrada añade, en este punto, que las «sobrecomisiones» tendrían «unos destinos muy diversos», citando en primer lugar «el aumento del beneficio de los intervinientes en la gestión y contratación de las pólizas, consultora y aseguradora principalmente», mientras que en segundo lugar dichas «sobrecomisiones» perseguirían «el enriquecimiento personal de los máximos responsables de la fijación de las mismas; Eduardo Pascual, María Vaqué, Jesús Bordallo y Antonio Albarracín, por lo que respecta a Vitalia, y por parte de la Administración autonómica, entre otros, el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero».
EL PAPEL DE LOS SINDICATOS
Tras ello, alude también al «enriquecimiento personal de terceros intervinientes en la contratación de la póliza y en conseguir la financiación pública para el pago de la misma; conseguidores como Juan Lanzas, despachos de abogados como Estudios Jurídicos Villasís y otros colaboradores», mientras que «también habría servido para pagos a sindicatos, los cuales cobrarían un porcentaje de la prima de cada póliza en cuyo proceso intervinieran, aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno, justificando dicho cobro de forma tan peregrina como ‘la toma de datos'».
A su juicio, los sindicatos justificaban «el cobro de dicho porcentaje, que suponía grandes sumas de dinero debido a lo abultado de las primas de las pólizas, por la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudiera derivar en la suscripción de una póliza», añadiendo que «las sobrecomisiones supondrían asimismo una contraprestación a la consultora por haber accedido a la inclusión de intrusos».
La juez añade que los exdirectivos de Vitalia «darían las indicaciones precisas al departamento de contabilidad» para que «efectuara las transferencias desde las cuentas» que Vitalia tiene en Barcelona a una cuenta de la oficina de Madrid, «desde la que presuntamente se retirarían cantidades en efectivo o se ordenarían nuevas transferencias cuyo destino, entre otros cargos de la Junta de Andalucía, eran las cuentas del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien se harían 94 transferencias por importe de 161.600 euros, y 76 transferencias» a la cuenta de la que también era titular su esposa «por importe de 87.400 euros».
En su opinión, «el sobrecoste de las pólizas que durante más de una década han estado soportando las arcas andaluzas ofrece un mayor sentido al presunto empecinamiento de la Junta de disponer de esos fondos públicos al margen de las garantías que ofrece el procedimiento legal de subvenciones».
En el auto de prisión, la juez solicita al director de la cárcel de Sevilla-I que «tome las medidas oportunas para evitar la comunicación» de los exdirectivos de Vitalia con Guerrero y Juan Lanzas, también internos en dicho centro penitenciario. (Europa Press)
