La reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que introduce medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto un cambio relevante en la forma de abordar la resolución de conflictos en nuestra jurisdicción. Esta normativa exige la utilización de medios alternativos de solución de conflictos